El concepto de solidaridad territorial se vive de manera muy distinta según se esté entre los que reciben o se esté entre los que dan. Si hay dos recursos que siempre suscitan discusiones en torno a la solidaridad territorial en España son el dinero y el agua.
Cuando los que dan dicen que no quieren dar tanto son enseguida tachados de insolidarios. Sobre ellos se vierte toda la moralina victimista del pobre (o menos rico) abandonado a su suerte por el avaro vecino rico. El que dice que no quiere dar tanto parte en desventaja en la liga de la moralidad, porque es culpable mientras no demuestre lo contrario.
En España, los gobiernos catalanes son a menudo tachados de insolidarios por los políticos de las regiones que reciben, con Andalucía y Extremadura a la cabeza. Parece ser que Madrid y Cataluña son los únicos territorios que, año tras año, funcionan como contribuyentes netos. De vez en cuando se suma alguna otra CC.AA a la lista de contribuyentes, pero los fijos de la plantilla de donantes somos los madrileños y los catalanes. Sólo hay que fijarse en un hecho para darse cuenta de la naturaleza del serio problema que España tiene con esta cuestión: desde que se reinstauró la democracia, la brecha económica entre CC.AA ricas y CC.AA menos ricas no se ha cerrado y, en los últimos años, ha aumentado. Cuando oigo hablar a los políticos andaluces, extremeños o de otras regiones (últimamente también de Murcia), me da la impresión de que se sienten con derecho a recibir siempre. Han asumido y se han instalado cómodamente en el papel del pobre, pobre que, sobretodo en el caso de Andalucía, lo sería en lo económico pero, al ser la CC.AA más poblada, es muy fuerte en lo político. Creo que este tipo de discurso es nefasto para la mentalidad de los ciudadanos de esas CC.AA, porque, en lugar de contribuir a movilizar su potencial y a empoderarles, les mina su autoestima.
Algo habremos hecho mal en España cuando algunas CC.AA, especialmente de la mitad sur, no son capaces de superar la brecha que les separa de las más aventajadas. Revertir esa situación es un reto de todos. Para lograrlo se requeriría poner en marcha planes de desarrollo que abordaran al conjunto de España, en lugar de dejar a las CC.AA tener siempre la última palabra en el manejo de unos fondos que son del conjunto de los españoles, y también de los europeos de la UE. Hacen falta organismos de coordinación entre las distintas Administraciones, con participación de los agentes sociales, para intentar que el dinero de nuestros impuestos se gaste con inteligencia, en lugar de, por ejemplo, como se hace todavía hoy, favoreciendo a la gran obra pública, que genera deuda, poco valor añadido, priva de recursos a los emprendedores innovadores, daña al medio ambiente y, además, es el caldo de la corrupción.
Y otro tanto cabe decir respecto al agua. Ahí las acusaciones de insolidaridad ya no circulan tanto en sentido norte – sur como en el este – oeste. El Levante acusa a las CC.AA del interior, en las que nacen y discurren el Tajo y el Ebro, de ser insolidarias porque no quieren seguir cediendo tanta agua. ¿No podrían pensar que quizás es porque cada vez hay menos agua? Y menos que habrá en el futuro. Pasa con este tema lo mismo que con la financiación territorial: en 40 años de democracia, en lugar de orientar la inversión en la seca España interior y en Levante (especialmente Alicante, Murcia y Almería) hacia sectores menos intensivos en un recurso que no tenemos, se ha intensificado la dependencia de la agricultura de regadío y del turismo.
Total, que cuando oigo a alguien acusar a otro de insolidario es como cuando oigo a alguien decir que es muy, pero que muy buena persona y que, sin embargo, la vida le trata mal: me pongo en guardia. Y es que la experiencia me ha enseñado que el que acusa no siempre tiene la razón y que cada cual cuenta la fiesta según le va en ella. Nos sigue faltando tener un poquito de espíritu de equipo, o de país también podríamos decir, para salir todos juntos adelante, porque por separado, y yendo cada uno a lo suyo, no hay manera.